Por JAVIER URETA
Gobierno de Chile: no hay acción, solo reacción
La causa mapuche es una constante en los noticieros chilenos. No hay semana en la que el sur de Chile, en especial las regiones de La Araucanía y sus alrededores, salgan en radios y televisiones por los ataques de la comunidad a las empresas madereras y asociados, como los camioneros.
Más o menos duros en sus actuaciones, la mayoría de los Gobiernos de Chile han optado por ser reactivos en un problema enquistado y que necesita una solución a la mayor brevedad.
Pinochet y su régimen militar no escatimó en detener, 'desaparecer' o incluso ejecutar sin piedad a los miembros más visibles de estas comunidades. Tantos muertos durante la dictadura provocaron un endurecimiento de las posturas que sólo se relajó ligerísimamente con la llegada de la democracia.
Los sucesivos ejecutivos nunca han tenido un plan definido para frenar una causa que cada año genera pérdidas millonarias a una región que ya es pobre de por sí. Sólo la actual presidenta, Michelle Bachelet, ha marcado unas líneas maestras bien claras para un intento, de momento infructuoso, de integrar a los mapuches.
La Policía de Investigaciones (PDI), durante una intervención en territorio mapuche / Getty
Las medidas han ido desde verdaderos giros de tuerca, como la escolarización obligatoria de los niños mapuches en escuelas públicas junto a otros miembros externos a la comunidad. También ha tomado formas simbólicas, como aceptar el mapudungun como idioma cooficial de la región, donde todas señales y documentos públicos están escritos tanto en castellano como en la lengua mapuche.
Sin embargo, los guiños no han servido para detener la violencia en el sur de Chile. Cada año arden cientos de camiones y maquinas de las forestales o propiedades de cualquier persona adinerada que tenga un fundo en la zona. La destrucción ha generado dos vertientes: la represión brutal de Carabineros de Chile, que fiel a su hermetismo y a que siempre han ido un poco por libre dentro del Estado, detiene y fiscaliza indiscriminadamente a cualquier persona susceptible de ser sospechosa; y las quejas de empresarios y camioneros, que aducen falta de protección del Estado.
El Ejecutivo ni siquiera es capaz de tener un poco de mano izquierda con estos dos estamentos. Sin ir más lejos, el fiscal general de Chile, Jorge Abott, tachó a los empesarios de “irresponsables” por no poner medios para proteger sus activos.
Las declaraciones de Abott indignaron a los empresarios y camioneros, que estuvieron a minutos de ir a la huelga. Las negociaciones a última hora evitaron una crisis que hubiese tenido duras consecuencias económicas para Chile.
Durante todos los gobiernos democráticos que ha tenido el país austral, en líneas generales ha habido un denominador común que ha marcado el conflicto: la preferencia del Ejecutivo por la reacción a la acción.
Dura operación policial contra los mapuches / Youtube: rodosusaher